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Ramón Mendoza S
Reportero
En el año 2013 entro en vigor las nuevas reglas de la “Ley anti lavado de dinero” en donde la compra y venta de bienes inmuebles están sujetas a complicados procedimientos y revisiones que se cumplen casi con lupa para identificar el origen de los recursos.
Rigoberto García Garcia Presidente Estatal del Colegio de Notarios Públicos en Tamaulipas indicó que actualmente se consuma cabalmente con los aspectos normativos en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento en la adquisición, traslado y dominio de inmuebles con fe notarial.
“La ley anti lavado es una disposición diferente, en el cual las medidas que han implementado las autoridades y se ha estado cumpliendo la fe pública que debe de imperar en el trabajo del notariado público” precisó.
El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional en general, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, es decir, para identificar dónde y de qué forma se realiza el “lavado de dinero”.
“Si básicamente se ha cumplido por que debe de identificarse en forma precisa tanto en los contratantes como en el caso poderes, poderantes y apoderados pero si se ha cumplido cabalmente” acotó.
A partir de la entrada en vigor de esta Ley, según datos oficiales tanto los notarios como desarrolladores y corredores inmobiliarios están obligados a generar un expediente de identificación físico, denominado UIF, que incluye una declaración bajo protesta de decir verdad de cada uno de los comparecientes a operaciones inmobiliarias.
En torno a la participación del colegio en los temas sobre reformas a la ley del notariado, el entrevistado señalo.
“Hemos tenido una relación escasa pero si ha habido participación, desde la administración anterior nosotros ya teníamos ingresado tanto al jurídico como al congreso algunas propuestas para llevarlas a cabo, tenemos la preocupación por que en algunos estados se ha avanzado mucho en la jurisdicción voluntaria y el poder establecer algunas medidas para disponer de bienes después de que los contribuyentes ya son mayores de edad y quieren disponer de los mismos” subrayó.
