Ramon Mendoza S
Reportero
Ante la gran cantidad de colonias y predios clasificados como irregulares es urgente que las autoridades de los tres niveles de gobierno arranquen con un programa emergente de regularización de la tenencia de la tierra.
Luis Gerardo Hinojosa Tapia líder de la agrupación social denominada “Luz de Tamaulipas” con el lema: “La Fuerza del Pueblo Campesino” menciono que ante la urgencia de controlar el crecimiento de la mancha urbana en la capital tamaulipeca, es necesario realizar acciones de regularización de la tenencia de la tierra.
Además de que todas esas familias que viven en asentamientos irregulares enfrentan la disyuntiva de que mientras no estén legalizados no pueden acceder a programas de vivienda digna y otros beneficios.
“Yo creo que es un urgente que la Coret, Itavu y el municipio inicien con un programa emergente de regularización de predios y tenencia de la tierra, hay muchas colonias irregulares cuyas familias no pueden accesar a programas de apoyo” afirmó.
Indico que desde su opinión algunos diputados locales pueden crear alguna iniciativa para apoyar al estado en esta materia donde el Congreso local exhorte a diversas dependencias y a los municipios a crear programas de regulación de la tenencia de la tierra en esta zona.
En esta problemática convergen incluso la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), al Instituto de Vivienda y Urbanización en Tamaulipas (ITAVU).
Refirió que el crecimiento de la mancha poblacional de la ciudad está asociada, principalmente, a que los habitantes, al no contar con recursos para compra de suelo urbano de manera regular, penetran el fenómeno de los asentamientos irregulares.
Explica que con un “Programa de Regulación” permitiría contar con un instrumento flexible y ajustable, a través de la acción coordinada de los tres órdenes de gobierno, fundamental para lograr resultados eficaces.
De igual forma, permitiría organizar y mejorar la eficiencia en la dotación de servicios públicos, evitaría la especulación inmobiliaria y propiciaría la certeza y la seguridad jurídica sobre el patrimonio de los habitantes e inversionistas.
