Ramón Mendoza S
Reportero
De las 57 denuncias por presuntos actos de corrupción contra igual número de ex servidores público del Gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, solo tres han sido sujetos a proceso judicial, permeándose un presunto caso de “Impunidad” procesal por parte de las autoridades judiciales de Tamaulipas.
Tania Gisela Contreras López Consejera Jurídica del Gobierno del Estado confirmo la “Dilación” procesal que ha permeado en las Fiscalías General de Justicia y de Anticorrupción que solo ha permitido judicializar tres casos de más de medio centenar que exigen una pronta solución.
“En estos tres casos pues desde luego lo hemos venido diciendo desde hace algunos meses que existió una dilación injustificada hoy estamos en los casos en que sea judicializado apenas en el inicio de la etapa de juicio, es decir apenas está comenzando la fase en que el juzgador tendrá que valorar si hay suficientes elementos de prueba para sancionar, veremos que resulta a partir de esta actividad jurisdiccional”.
Las mismas provienen de tres ex servidores públicos los que están vinculados a un proceso judicial y los que corresponden a las 57 denuncias previas pues están siendo investigados en la etapa donde el Ministerio Publico debería ejercitar acción penal.
“En las tres carpetas que se han judicializado una de ellas se reclasifico el delito para incorporar uno que no amerita prisión preventiva se presentó el recurso y el magistrado resolvió de nueva cuenta y no se trata de una intención de que alguien se encuentre privada de su libertad para sustanciar el proceso, sino únicamente se sigan los procesos como establece la ley y se juzgue a tal ex servidor público bajo las conductas que cometió y si amerita prisión preventiva que así sea” acotó.
La funcionaria estatal indico que las Contralorías Internas de cada secretaria y las áreas jurídicas correspondientes siguen trabajando para portar las pruebas suficientes para ejercitar acciones procesales correspondientes y las penas que procedan.
“Esta determinación de las auditorias tiene más que ver con el esquema de responsabilidad administrativa que la Contraloría les ha compartido pues está sustanciando con la sanción administrativa que les compete a ellos y al Tribunal de Justicia Administrativa aplicable, pero en lo que corresponde al ámbito penal que es el seguimiento que nosotros hemos estado llevando pues se han hecho las auditorias y conclusiones que permitan señalar la eventual comisión de un delito grave” aseveró.
